El Equipo de Gobierno achaca la culpa de todo al gobierno anterior

Después de casi dos años de gobierno, la Alcaldesa sigue justificando los “levantamientos de reparo de legalidad” que hace Intervención en muchas de las facturas porque “la ausencia de procedimiento administrativo en la gestión del gasto no es debida a la actuación de esta Alcaldesa ni del actual equipo de Gobierno, que tomaron posesión del cargo el pasado 15 de junio del 2019, además cabe de señalar la escasez de personal con la que cuenta este ayuntamiento… y siendo los primeros informes desfavorables de intervención del año 2017 y de reparo de legalidad del 2018”.

Miriam Polo, Alcaldesa de Colmenarejo

Igualmente resulta vergonzante que también después de 600 días de dar “las órdenes oportunas a los órganos gestores y a los empleados públicos competentes para subsanar las deficiencias procedimentales, estas sigan sin subsanarse, lo que nos da una idea de la ineficacia de las instrucciones a los órganos gestores que dependen de la Sra. Alcaldesa.

Todo el Equipo de Gobierno (más el concejal tránsfuga) rechazó en el Pleno la moción de Alternativa para instar a la Alcaldesa a ser más rigurosa en la justificación de los reparos de legalidad, dado que estos deberían ser algo excepcional ante imprevistos, y no la forma habitual de gestionar presupuestos, ya que se dificulta la eficacia y la transparencia en la gestión.

 

¿Cuál es el papel de la Intervención en un ayuntamiento?

La Intervención General es el órgano de control encargado de realizar las funciones de control interno y podrá realizarlas de forma previa, inmediata o con posterioridad a los acuerdos y decisiones de contenido económico que adopten los responsables municipales.

El control interno se realiza a través del ejercicio de la función interventora y el control financiero, incluyendo el control de eficacia en éste último, y tendrá por objeto:

  • En la función interventora controlar los actos del Ayuntamiento, de sus organismos autónomos y  de los consorcios que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a la normativa aplicable en cada caso.
  • El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios municipales en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y las directrices que los rigen y que su gestión se ajusta a los principios de buena práctica financiera. Todo ello para controlar que la administración de los recursos públicos se orienta a la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y se desarrolla bajo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

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