Empieza a ser un lugar común el hablar en nuestro país de desafección democrática, de la cada vez mayor distancia entre instituciones y ciudadanía o de la desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan. Y las cosas van empeorando si hacemos caso de las encuestas del CIS, éstas nos indican que en el último año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos, por delante de la amenaza terrorista.
Pero, como nos señala Joan Subirats, ese creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). En su opinión, más que un repliegue de los ciudadanos a la esfera privada, lo que nos encontramos es la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.
La acción política de los ciudadanos se ha ido desplazando hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena. Y en este proceso surge la transparencia como un valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en un sentido o en otro. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.
Y aquí es donde entra en escena la información y la comunicación. La información ya no es una dádiva que los poderes públicos conceden a los ciudadanos que les son afines sino que es una demanda de éstos. Las administraciones públicas están obligadas permanentemente a comunicar aquellas acciones que ejecutan, por lo que comunicar de manera eficaz se ha convertido en una exigencia propia de nuestras sociedades democráticas. Sin olvidar que el derecho a la información forma parte de nuestro corpus constitucional dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas, regulado por el Titulo I de la Constitución en su Capitulo 2, Sección 1.
Además la ciudadanía que no está informada no puede tomar decisiones. Y la información objetiva y veraz es condición sine qua non para la transparencia en la gestión gubernamental. Participación, Comunicación e Información deben estar integradas. Una información que debe estar al servicio del ciudadano y que debe servir para acercarlo a la organización y a las personas que en ella trabajan tanto sean políticos como técnicos. Pero esta comunicación debe ser de calidad y no sumarse al excesivo ruido publicitario y a otros impactos de información que incrementan la competencia por el recuerdo de la noticia y nos conducen a la “infopolución” o a la contaminación informativa que impide al sujeto filtrar con criterio propio la recepción de información.
La sociedad actual es cada vez más compleja y en ella la comunicación se ha convertido en un instrumento básico de relación social. Por ello las instituciones públicas necesitan estar en contacto con el público, pero también los ciudadanos demandan de las instituciones esta comunicación. Las instituciones entienden que están obligadas permanentemente a comunicar aquellas acciones que desarrollan. Comunicar y hacerlo con eficacia se ha convertido en una exigencia propia de la sociedad democrática y, en cierto modo, de la medida de la calidad de ésta; además de servir para incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Pero no es un camino fácil ni sencillo. En primer lugar, porque a pesar de la importancia del tema, en España no disponemos aún de una ley de acceso a la información (Zapatero ha anunciado que antes de fin de año contaremos con un proyecto de ley) comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas.
No debemos los españoles, por tanto, dejar pasar la oportunidad que puede suponer la aprobación de la nueva ley. Oportunidad para mejorar el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.
Los ciudadanos necesitamos poder consultar con facilidad y rapidez los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, los criterios de asignación de las subvenciones… De esa forma se facilitará la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.
Con nueva ley o sin ella los ciudadanos tenemos derecho a que las instituciones públicas nos faciliten toda aquella información que, por otro lado, es considerada pública y por tanto debe estar a nuestra disposición. Algo que debería ser cada vez más sencillo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Todo ello serviría para mejorar tanto la calidad de nuestro sistema democrático como la gestión de nuestras instituciones públicas, reduciendo la desafección ciudadana y la escasa confianza de los ciudadanos en la política y los políticos.
Carmen Pineda Nebot (politóloga, consultora de la Administración Pública)