Albert Einstein decía que “dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”. Seguro que no pensaría lo mismo aquel concejal balear que usaba la tarjeta de crédito municipal para asegurarse ciertos servicios en locales de ambiente de la isla. O ¿qué le parecería esa frase a Juan Antonio Roca, ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, mientras apilaba bolsas de basura con billetes y colgaba un Miró en la bañera? La lista sería agotadora, pasando por el Gürtel del PP o los ERES andaluces del PSOE. Hasta en nuestro pequeño Colmenarejo los rumores se dispararon hace un año con el caso “Mercadona”.
¿Qué es un corrupto?
Los ciudadanos saben que es todo aquel que antepone el interés privado al interés general, o quien incumple un compromiso ético que se interprete como irrenunciable.
La corrupción política, que cada vez parece más enraizada en nuestro sistema democrático, es uno de los principales factores que explican el desarraigo y la desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política. Así, España está en el puesto 30 del índice 2010 de percepción de penetración de la corrupción, según Transparencia Internacional, por detrás de países como Uruguay, Qatar o Chipre.
Una de las mayores paradojas de las democracias actuales radica en que, justo en este momento, en el que los ciudadanos gozan de un mejor acceso a la información política, en que los mecanismos institucionales son cada vez más eficaces y eficientes en el ejercicio del control político, y en el que la opinión pública condena la mala praxis política; justamente en este momento, es cuando se destapan con mayor frecuencia casos de corrupción.
Son, sobretodo, los municipios los que están en el punto de mira. Ya sea por un mayor activismo judicial, por la imposición de un modelo de urbanismo salvaje, por la ausencia de mecanismos eficaces de control o porque realmente los representantes del pueblo son ahora más corruptos que antes, la cuestión es que, día sí y día también, los diarios aparecen repletos de noticias en los que abundan términos como ‘malversación‘, ‘cohecho‘, ‘extorsión‘, ‘tráfico de influencias‘…
¿Por qué los ciudadanos no castigan en las urnas a los políticos corruptos?
El 70 por ciento de los alcaldes “tocados” por casos de corrupción en España salieron reelegidos en las elecciones municipales de 2007.
Los expertos afirman que tres son las principales hipótesis. La primera de ellas sería la del ‘votante ignorante’: el ciudadano no toma en consideración el escándalo a la hora de decidir su voto porque lo desconoce o porque, aunque tenga conocimiento de él, la persona o colectivo que lo ha destapado no goza de suficiente credibilidad como para ‘convencerle’. Algo que está fuertemente relacionado con la idea de que la divulgación de escándalos es frecuentemente utilizada más como arma de lucha partidaria que como método de mejora de la democracia.
Una segunda explicación se apoya en el clientelismo para argumentar que los ciudadanos mantienen el sentido de su voto, pese a los escándalos, porque obtienen algún tipo de beneficio material directo a cambio.
La tercera hipótesis hace referencia a un intercambio implícito entre votantes y representantes: a la hora de tomar una decisión, los ciudadanos ponderan una serie de preferencias en varios ejes conceptuales, entre los cuales la corrupción/honradez de los políticos es únicamente una cuestión más a tener en cuenta, y de mucho menor peso que otros elementos como la identificación partidista o ideológica.
La corrupción está estrechamente ligada al concepto que se tiene del cargo público, entendido como una “oportunidad” en lugar de como un servicio. La sensación de impunidad, generalizada también entre los ciudadanos, es lo que lleva a muchos cargos públicos a “venderse”; existe la creencia extendida de que “no te va a pasar nada” o de que, en todo caso, el castigo será mucho menor en relación a los beneficios obtenidos.
El político corrupto tiene un perfil populista, algo que explica el éxito electoral de políticos “tocados” por la corrupción, enmascarando ante la ciudadanía estas prácticas con grandes proyectos e inversiones que le granjean el apoyo popular.
El elemento más preocupante en estos casos es la percepción de que son inevitables, como si fueran parte del sistema. Por tanto, son urgentes y necesarias reformas institucionales y legales que acaben con esta práctica sistémica, entre ellas, mejorar la transparencia en todos los niveles de la Administración Pública, una mejor aplicación de las leyes de las que ya disponemos, así como acabar con la financiación irregular de los partidos políticos, el verdadero pozo negro de la corrupción en España. En AxC lo tenemos muy claro, además de ser parcos en el gasto, somos independientes de verdad (hasta de los bancos) y nos mantenemos con las cuotas y aportaciones de los afiliados.
Los dos grandes partidos, PP y PSOE, deberían de una vez emprender una lucha sin cuartel, “sin paños calientes”, contra la corrupción dentro de sus filas.
El sistema incentiva en España a los corruptos
Los controles a los ayuntamientos no funcionan como en otros países. Es cierto que los municipios sufren estrangulamiento financiero, pero hay que tasar y regular bien sus competencias, como por ejemplo en el tema del suelo.
Algunos piensan que en los pueblos pequeños la red clientelar de la corrupción está mejor engrasada y la penalización a los sospechosos pudiera ser menor. A los partidos tampoco les sale rentable actuar contra los corruptos. Una vez purgados, muchas veces pierden respaldo popular en las urnas.
Se sabe que hay más castigo de los ciudadanos si está en marcha una investigación judicial o policial (de la estadística anterior un 36% perdió la alcaldía en 2007). Se rebaja si la denuncia fue archivada o si la acusación procedió de la oposición o de grupos ecologistas (el 24% se despidió del poder).
La encuesta del CIS, Los ciudadanos y el Estado, de enero de 2007, ofrecía datos demoledores contra los políticos: un 51,9% creía que bastantes o casi todos ellos estaban implicados en negocios turbios.
En todos los países desarrollados se palpa una desafección hacia el poder. En los españoles influye la socialización recibida desde pequeños: tras décadas de dictadura, se nos inculcó que la política es sucia y opaca.
¿Cómo atajar el problema?
Falta voluntad política, y sobra efectismo. Hay que quitar las trampas de la Ley de Financiación de Partidos e inculcar la cultura de protección de lo público en los ciudadanos.
Pero recuerda, siempre hay una última arma frente a la corrupción: el voto. La indiferencia del votante no puede ser la respuesta.
Todos los miembros de ALTERNATIVA por Colmenarejo están avalados por su trayectoria. Nuestro candidato Antonio Sánchez cuando era alcalde de Almàssera (Valencia) fue señalado en una encuesta entre los alcaldes más honestos (en una época en la que la mayor parte lo eran). Antonio adoptó medidas e implantó políticas que aún hoy en día sorprenden por su compromiso con los derechos y el bienestar de sus vecinos.
AxC se compromete a que todos los integrantes de su candidatura a las Elecciones Municipales 2011 presenten una declaración de bienes, y lo que es más importante, una declaración de patrimonio urbanístico en Colmenarejo que abarque hasta familiares en 2º grado (para entendernos, si hay o no tierras por medio). ¿Podrían superar esta “prueba de stress” otros partidos?