Desde el primer momento solo ALTERNATIVA por Colmenarejo cuestionó la viabilidad del mismo y advirtió de las irregularidades en el procedimiento.
La oferta estrella de la anterior Alcaldesa de Colmenarejo, Maria Isabel Peces-Barba, en su último mandato fue la construcción de una piscina cubierta. Abandonó el barco de APIC para irse con el PSOE antes de que las urnas le cobraran su pésima gestión, pero dejó iniciada la vía para que se pudiera construir su piscina cubierta en Colmenarejo. Al menos lo intentó.
El tripartito (APIC, PSOE e IU), ante la tozudez de los números y el endeudamiento galopante, empezó a abandonar la idea, a mediados de su mandato, de la construcción de la piscina cubierta, reorientándola a que esta fuera construida por una empresa privada. Izquierda Unida, tan crítica con la gestión privada, también vio con buenos ojos en encargo. La Sra. Peces-Barba pone en marcha en tres días un procedimiento para la construcción privada, no solo de una piscina cubierta, sino de todo un Complejo Deportivo Acuático, ocupando una parcela de suelo del Polideportivo con una extensión de 9.575 m2 de suelo público. Aún no se había decidido que APIC no se presentaría a las Elecciones Locales.
En este centro deportivo estaba previsto que se incluyera un “spa”, una zona de fisioterapia, piscinas cubiertas climatizadas, gimnasio, ludoteca, área comercial, cafetería-restaurante, área administrativa y parking.
El viernes, día 18 de febrero de 2011, Armando Álvarez, en representación de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Colmenarejo (ASECOM), presenta un escrito al ayuntamiento de una iniciativa privada, en suelo público, “consistente en la concesión y construcción de un centro deportivo en régimen de concesión de obra pública a 40 años…, y que el concurso… y la tramitación administrativa se convoque mediante procedimiento restringido en diálogo competitivo dada la complejidad.”
El lunes 21, prácticamente el siguiente día hábil, la alcaldesa declara en una instrucción la necesidad y conveniencia en este municipio de realizar la concesión de obra pública consistente en un Centro Deportivo ubicado en la parcela municipal, y da instrucciones a los servicios de Secretaría de su inclusión en el orden del día del Pleno del día 24, sin haber pasado por la Comisión Informativa preceptiva, que se hace el mismo día, y se vota en el Pleno el día 24 de Febrero con los votos a favor de APIC, IU y VICO y la abstención de PP y PSOE, que piden un estudio de viabilidad, tal como exige la ley e indica el Informe Jurídico.
Nunca se ha visto en el Ayuntamiento de Colmenarejo tanta prisa. Las elecciones locales dejan en suspenso este proyecto, que se reabre tras las elecciones con el nuevo Equipo de Gobierno. La mercantil ARALYA S.L.U. y su único socio, Armando Álvarez, Presidente de ASECOM, sustituyen a esta asociación e intentan buscar la financiación del proyecto en inversores “del ladrillo” que consideran que esta promoción es un buen negocio.
El promotor presenta el estudio de viabilidad a mediados del mes de noviembre y se entrega a los Grupos Municipales para su estudio. El Partido Popular y Vive Colmenarejo, que habían apoyado la iniciativa hasta el momento, se convencen ahora de que es inviable.
La maqueta presentada y los datos que se facilitan en el estudio de viabilidad presentado por la empresa, obviamente, indican que el proyecto es rentable. Desde ALTERNATIVA por Colmenarejo se comprueba el escaso rigor con que está presentado el estudio y la ausencia de datos esenciales, lo cual es corroborado posteriormente por los informes técnicos municipales. Hemos denunciado el enorme riesgo que asume el ayuntamiento con este tipo de contratos, que pueden empeorar aún más la situación del municipio. AxC manifiesta que no se puede ceder suelo público de instalaciones deportivas durante 40 años porque es una reserva para el crecimiento previsto de la población. Hemos insistido en las nulas garantías de quienes promueven la iniciativa. La inversión según el propio plan de viabilidad es de 4.278.000 euros, más el valor del suelo que, calculado por lo bajo, no es inferior a cinco millones de euros, que quedaría bloqueado durante 40 años por esta actividad.
Lamentamos que iniciativas políticas tan irresponsables como esta hayan tenido tanto recorrido y se haya invertido tanto tiempo de funcionarios y políticos. Actuaciones como esta llevan a los ayuntamientos a la bancarrota.
Por esta vez nos hemos librado de nuestro particular “Aeropuerto de Castellón”, que, seguro, también tenía un estudio de viabilidad porque, de haberse aprobado este proyecto, probablemente nos llamarían a partir de hoy Colmenarejo de “los pardillos”.