¿Las Latas, de Interés Social?

Carlos González-Amezúa, concejal de AxC

El Pleno del pasado 24 de enero aprobó, con los votos a favor de PP y VICO y los votos en contra de AxC, PSOE e IU, la declaración de Interés Social de “Las Latas”, una finca que conjuga la máxima protección ambiental que puede darse actualmente en la Comunidad de Madrid.

Los propietarios de la finca han realizado importantes obras en ella, en su mayoría de forma ilegal, sin licencia ni permisos, por lo que tienen abiertos varios procedimientos judiciales, entre ellos uno de carácter penal. La declaración del último Pleno podría interferir en el desarrollo normal de la justicia, en el sentido de legalizar las irregularidades cometidas.

Se trata de una finca de unas 100 Has situada en zona de máxima protección del Parque Regional del río Guadarrama. Es monte preservado, lugar de interés comunitario (LIC) y forma parte de la Red Natura 2000.

Entre las obras realizadas está la rehabilitación completa del edificio principal –añadiendo nuevos elementos-, de la casa de los guardas, la construcción enteramente nueva de un pabellón de caza de dos plantas, la construcción de una capilla, de garajes, de una plaza de toros y dependencias auxiliares, de cuadras y del solado de una antigua era a la que se añaden 32 columnas y dos fuentes con sendas escalinatas dobles, todo ello de piedra, ocupando una superficie de 1.300 m². Además, recrecen unos 4,5 Km de valla por encima de la altura legal permitida y abren unos 3 Km de caminos dentro de la finca, arrasando la vegetación existente. Y hay quien dice –pero esto no ha quedado demostrado- que alteran los límites de la cañada Real de Merinas.

Aunque posteriormente declaran ignorancia al respecto, la empresa propietaria sabía perfectamente lo que hacía, lo que tampoco es de extrañar en una empresa consultora que en 2004 preveía facturar 150 millones de euros. Y prueba evidente de su conocimiento es que tienen buen cuidado en colocar las nuevas edificaciones ocupando la misma ubicación que chamizos y corrales preexistentes. Saben muy bien que esto es uno de los mandatos de la Ley del Parque Regional para evitar nuevas edificaciones y cambios de uso y desde luego conocen la necesidad de solicitar licencia municipal de obras.

Las obras duran más de 5 años y en todo este tiempo el Ayuntamiento de Colmenarejo no inicia de oficio ni un solo expediente sancionador. Tan solo se ve obligado a actuar hace unos años contra el exceso de altura del vallado, solicitando la paralización de las obras, cuando asociaciones y particulares denuncian públicamente esta infracción. Poco después el ayuntamiento da marcha atrás y allana el camino hacia la regularización municipal de este cerramiento.

A pesar de contar en nuestro ayuntamiento con una plantilla cercana a las 30 personas con competencias directas en vigilancia y disciplina urbanística, entre policía local, técnicos de urbanismo y medio ambiente e incluso cargos políticos, cuyos salarios le suponían al pueblo de Colmenarejo un gasto muy superior al medio millón de euros al año, no se abre ni un solo expediente sancionador de todo lo que está sucediendo muros adentro de esta finca, ni en los años de anteriores gobierno municipales ni en los 7 meses del actual. Y eso a pesar de varios escritos al Ayuntamiento denunciando estos hechos, como el presentado por Proyecto Verde con sello de Registro de Entrada de 7 de marzo de 2007.

Tiene que ser una denuncia de esta misma ONG en junio de 2009 la que, finalmente, lleva a la Comunidad de Madrid a trasladar las diligencias de sus agentes forestales a los juzgados, donde se abre un procedimiento penal contra la propiedad.

Hasta ese momento absolutamente nada da pie a pensar que la propiedad tenga intención de desarrollar una actividad ganadera, ni por la tipología de las obras realizadas ni por sus actuaciones administrativas. Es solo cuando la justicia estrecha el cerco cuando aparece un magno proyecto de cría de reses bravas con denominación de origen “Colmenarejo”, de un museo taurino, de un laboratorio para la mejora genética de la raza, de cría caballos españoles para el rejoneo, etc, etc, etc. Algo es seguro: el edificio principal, la gran casa de Las Latas, se ha rehabilitado como vivienda para una familia de pocos miembros. Varios concejales han podido visitarla por gentileza de la propiedad y es evidente que no hay ningún tipo de actividad empresarial asociada a este edificio. Lo mismo podemos decir de los garajes, de la capilla, de la casa de guardas, incluso del pabellón de caza o de la enorme y lujosa explanada de la era: todo está pensado para que una familia muy acomodada viva y agasaje a sus amistades con total tranquilidad y seguridad, sin los inconvenientes derivados de tener casa y negocio en un mismo lugar, de ganado lleno de moscas, de excrementos o de un museo con visitantes inoportunos…

El informe técnico del arquitecto municipal de fecha 13 de septiembre de 2011 dice en referencia a la solicitud de declaración de Interés Social que “los usos propuestos en el documento, así como la legalización de los edificios que los acojan son viables siempre que se declare el interés social y/o la utilidad pública de los mismos”. Esto no se lo inventa el arquitecto, se basa en el artículo 13 de la vigente ley estatal del suelo sobre el uso del suelo rural, que cito: “con carácter excepcional (…) podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social”.

La Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid entrega a este ayuntamiento sendos informes con fecha 7 de octubre de 2010 y 9 de marzo de 2011 en los que se ponen de manifiesto las gravísimas irregularidades cometidas, que afectan entre otros al llamado pabellón de caza de nueva construcción, obras nuevas en la cara norte del edificio principal, consistentes “en terraza y escalinata, porche de entrada, adoquinados de hormigón”, y un largo etcétera.

Una semana antes de las pasadas elecciones locales, el anterior Equipo de Gobierno concede licencia de obra menor para la rehabilitación del edificio principal y la casa de los guardas, con un presupuesto de más de medio millón de euros; ¿Obra menor para rehabilitar un edificio que estaba prácticamente en ruinas y que además se trata de un edificio catalogado con un alto grado de protección? Al tiempo que concede estas dos licencias, desestima otras 14 solicitudes, todas ellas también de obra menor, presentadas por la propiedad. De todas las obras realizadas en Las Latas, y que han debido de suponer un desembolso cercano a los 3 millones de euros, sólo la reforma de la cubierta del edificio principal ha contado con licencia previa. Es algo insólito y que a nuestro juicio pone en evidencia, una vez más, el grado de desconfianza que nos debe inspirar la propiedad y sus proyectos.

Pero la credibilidad de los gobiernos municipales no sale mejor parada: a pesar de tratarse de un edificio protegido no aparece acta de inspección ni el informe técnico preceptivo tras la ejecución de las escasas obras realizadas con licencia en este edificio protegido. Y no solo eso: en la primera comisión informativa en la que se debatió este asunto, el 21 de septiembre, AxC solicitó –y la alcaldesa lo concedió-  una inspección de la finca por parte de los Servicios Técnicos para conocer al detalle la situación urbanística y administrativa de las obras. En el expediente tan solo aparece el mismo documento firmado por el Arquitecto Municipal el 13 de septiembre, al que hemos hecho referencia anteriormente, pero esta vez con otra fecha -25 octubre- donde en 11 líneas vuelve a indicar que las obras son legalizables si media declaración de interés público. Esto es todo.

La decisión del Pleno va a legalizar unas obras y construcciones realizadas sin licencia ni permisos, en un edificio y parcela catalogados en las NN SS, en plena zona de máxima protección del Parque Regional del Guadarrama y sujetas a varios procedimientos judiciales, entre ellos uno de carácter penal, interfiriendo en el desarrollo normal de la justicia. La declaración de Interés Social no obliga a esta empresa a realizar la actividad que hoy se somete a este pleno ni a crear los puestos de trabajo prometidos, porque por bonito y prometedor que sea el proyecto nada ni nadie les puede obligar a realizarlo. Colmenarejo va a perder unos ingresos formidables que se podrían haber obtenido de haber abierto y sustanciado expedientes sancionadores. Esta decisión va a comprometer la credibilidad municipal para hacer cumplir la disciplina urbanística, o lo que en el fondo es muy parecido: dar por bueno lo que empieza a ser un clamor en nuestra sociedad: que la ley no es igual para todos.