El pasado uno de octubre se conmemoraba el Día Internacional de las Personas Mayores. Al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenarejo le pasó desapercibido. No se hizo ni el más humilde acto por traer al primer plano las necesidades y problemas que, ahora más que nunca, padece la mayoría de ese grupo de personas mayores de 65 años. No interesa a las instituciones públicas dar oportunidad a los mayores para que hagan visible su abandono tengan la oportunidad de denunciar las injusticias que se están cometiendo con ellos.
Somos los primeros en sufrir los recortes mes tras mes. Ayer fue el copago sanitario, más tarde la subida del IVA, que afecta especialmente a las rentas menores, desde hace años las largas esperas para recibir asistencia sanitaria de especialistas y hospitalaria, y recientemente la indescifrable fórmula de actualización de pensiones que implica la pérdida, en unos años, de hasta un 20% de nuestras pensiones.
Las instituciones públicas, nuestro Ayuntamiento de Colmenarejo, que por cercanía podría ser más sensible a esta vulnerabilidad, ni tan siquiera es capaz de reconocer y agradecer que el número de hogares españoles con todos sus miembros en paro que sobreviven gracias a la pensión de un jubilado se ha triplicado desde 2008, y asciende ya a más de 300.000. En uno de cada cinco hogares con todos sus miembros en paro vive alguna persona mayor.
Los criterios de aplicación del Gobierno a la Ley de Atención a las Personas en situación de dependencia condenarán a muchas familias en el derecho de asistencia y reducirá la atención a las personas que más lo necesitan. La disminución de la cuantía de las prestaciones en un 15% deja en situación de vulnerabilidad tanto a las personas dependientes como a sus entornos familiares.
Las apuestas por la privatización de todo lo público ponen en riesgo las plazas públicas de residencias, Centros de Día y Servicios de Ayuda a Domicilio.
Los recortes en sanidad tienen una repercusión negativa en la salud y el bienestar de las personas mayores. La retirada de la financiación pública de más de 450 fármacos de bajo coste y la inclusión del copago de parte de los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias para enfermos crónicos sin hospitalización obedecen a objetivos de ahorro a costa de la salud de muchas personas mayores.
Estas medidas no pueden ser soportadas por un colectivo como el de las personas mayores y supone, aparte del perjuicio económico, un perjuicio a la salud.
Con estas medidas no se cumple con lo establecido en el Art. 50 de nuestra Constitución: Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda y ocio.
Los mayores necesitamos que se mantenga nuestro poder adquisitivo porque estamos sirviendo de colchón en muchas situaciones de exclusión social, porque ayudamos a nuestros familiares cuando se quedan sin trabajo, porque nos hacemos cargo de los nietos para que nuestros hijos puedan trabajar, porque contribuimos a trasladar un cierto nivel de seguridad a quienes nos rodean.
Los mayores de 65 años somos un importante capital humano y un recurso de experiencia que ninguna sociedad puede permitirse el lujo de ignorar y más cuando este grupo social representa casi el 18% de la población. Los abuelos y abuelas podemos tener, gracias a nuestra disponibilidad y experiencia, un papel de motor en nuestra sociedad como red de apoyo, voluntariado, iniciativas… Si no fuera por nosotros los jubilados, probablemente la situación de tensión social hubiese llegado, como en otros países, a ser insostenible. Se cifra en más de cuatro millones de pensionistas los que están por debajo del umbral de la pobreza.
Existen muchas más razones para que se ponga freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo. La privatización de la sanidad pública nos augura una sanidad peor y más cara y con ello el recorte de la expectativa de vida de muchos de nosotros. No podemos esperar 8 meses para que nos hagan una resonancia u otras pruebas médicas porque en esos 8 meses se pone en juego nuestra vida.
Pedimos que se dejen de desmantelar los servicios sociales y que se termine también con la voladura de los servicios de atención a las personas dependientes
En Colmenarejo existe una Concejalía de Servicios Sociales y de Mayores, pero no existen políticas públicas de servicios sociales ni de mayores, más allá de invitar a los mayores a una merienda en las fiestas patronales. El Centro de la Tercera Edad permanece vacío a excepción de dos horas en que un grupo de 8 a 10 personas pasan por la tarde a tomar un café y echar una partida de cartas. A pesar de la ausencia de políticas públicas de mayores hay una concejala que cobra 18.000 euros al año sin que su trabajo y dedicación aparezca reflejado por ningún sitio. Sin embargo el Ayuntamiento se ha gastado desde 2011 unos 100.000 euros en subvencionar las corridas de toros.
Hay cosas que no son ni de izquierdas ni de derechas. Son de justicia y ética.
Si los Equipos de Gobierno de las instituciones públicas siguen con estas políticas, los mayores no permaneceremos callados. Dejaremos de ser esa mayoría silenciosa a la que abusivamente echa mano el Gobierno para justificar sus políticas.
Antonio Sánchez
Jubilado y Portavoz del Grupo Municipal de Alternativa por Colmenarejo Language http://college-homework-help.org and situation: language varieties and their