Recién aprobada la LOMCE y superado el debate político sobre la idoneidad de la misma, se inicia un nuevo debate sobre el calendario más adecuado para su implantación. Se trata de una ley que, como las anteriores leyes de educación, nace con fecha de caducidad: el próximo cambio de partido en el gobierno. Por este motivo, por una parte urge que entre en las aulas en el próximo curso, por otro lado, se pide más tranquilidad a la hora de desarrollar todos los decretos necesarios para su implantación, lo cual podría hacer que, al igual que la LOCE, ante un cambio de gobierno, no entre en vigor. Sea como fuere, lo importante en lo que a educación se refiere no es si se cambia una ley o no, si la LOMCE es una buena ley o no (bondad un tanto dudable si tenemos en cuenta, entre sus muchos defectos y tomando solo un ejemplo, que una materia tan importante para nuestra sociedad como Tecnología pierde buena parte de su peso en el currículo educativo), si entra en ejecución inmediatamente o se hacen las cosas con la tranquilidad necesaria como para elaborar una serie de currículos adecuados. Lo que realmente importa es lo que no se ha producido desde la implantación de la primera ley de educación democrática: un consenso político y social que permita realizar una ley con vistas al largo plazo.
Las necesidades educativas de nuestra sociedad demandan una educación de calidad y estable, lógica que parece no llegar a los partidos que nos gobiernan puesto que en toda la vida democrática reciente solo se ha podido buscar el consenso en esta materia con el intento que realizó el ministro Ángel Gabilondo, consenso que se dio por perdido antes de buscarlo por ambas partes y que nadie lamentó demasiado no poder ni siquiera iniciar. Necesitamos una legislación educativa en la que puedan participar y a la que puedan apoyar tanto los partidos políticos como los profesionales de la educación (psicólogos, pedagogos y docentes) y los padres. Una ley que considere la sociedad en la que vivimos y la sociedad que queremos alcanzar. Si queremos seguir siendo un país centrado en la construcción y el turismo o si queremos ser uno que invierta en tecnología, investigue, cree patentes y las exporte. Una sociedad con un alto nivel cultural y socioeconómico solo se alcanza mediante una buena política educativa, pero la política educativa no es exclusivamente una buena ley, que es el mejor punto de partida, sino también una inversión adecuada en educación.
Lamentablemente, la dotación de los centros educativos es bastante pobre. Se exige a los profesores una formación continua, pero los Centros de Apoyo al Profesorado han sido cerrados y la formación que se les ofrece es escasa y, a menudo, gestionada por ellos mismos en sus centros con pocas posibilidades de conocer experiencias de otros compañeros de otros lugares. Se exige a los profesores el uso de nuevas tecnologías, pero se considera que un aula que está bien dotada es aquella que tiene un ordenador Pentium 4 y un proyector para ver su contenido en la pizarra, mientras que los alumnos, a diferencia de otras comunidades en las que reciben un pequeño portátil por parte de la comunidad correspondiente, siguen utilizando el libro y el cuaderno tradicionales. Las pizarras digitales son un sueño en nuestras aulas que solo en muy pocas se logran ver, pero que en pocas ocasiones se pueden utilizar porque los profesores no han recibido formación sobre las mismas. El uso de ordenadores en el aula por parte de los alumnos es una misión imposible cuando en los centros existe un máximo de dos aulas de informática, con ordenadores obsoletos, para todos los grupos y niveles.
Tampoco podemos pretender una gran calidad de la enseñanza, y no por falta de esfuerzo y dedicación de los profesionales de la educación, si la cantidad de alumnos en las aulas puede alcanzar los 32 estudiantes en la ESO y 42 en bachillerato. La atención personalizada al alumnado que han ido exigiendo nuestras leyes pasa a ser una utopía con grupos tan numerosos, como lo es también la atención a la diversidad, por la que se introduce a un alumno con necesidades especiales en un aula con otras 28 personas con necesidades normales, sin tener en cuenta que la mejor manera que va a tener ese niño de aprender y desarrollarse va a ser en un grupo muy pequeño, en el mismo centro, en el que el profesor pueda atenderle personalmente.
El problema de nuestra educación no es solo que una ley sea buena o mala, ni que se cambie constantemente de legislación, que sí que son grandes problemas, sino la falta de inversión, pues pretendemos formar ciudadanos del siglo XXI con los mismos medios de los años 70 y, por suerte, la sociedad y el mundo han avanzado. No se permite que la educación, que es el sector que prepara a los ciudadanos del futuro, se anticipe a la sociedad en la que van a vivir nuestros jóvenes para poder insertarse y desarrollarse plena y satisfactoriamente en ella y esto nos lleva a que quedemos totalmente anclados en el pasado mientras otros países, tanto cercanos como lejanos, logran avanzar mucho más y mejor que nosotros.