Hace más de dos meses, el Equipo de Gobierno compró de forma urgente 1.180 test de antígenos, saltándose el procedimiento legal de todo contrato menor de solicitud de tres presupuestos, “dada la urgencia de realizar test covid-19, para proteger a nuestros mayores y personas vulnerables de nuestro municipio, ya que es un gasto inminente así como necesario (…) siendo el único laboratorio que tiene disponibilidad inmediata de entrega”.
Un mes después nos convocaron a los partidos de la oposición para pedirnos opinión respecto a quiénes debían realizar los test. El portavoz de Alternativa ya contestó en un Pleno que él no tenía conocimientos sanitarios para trasladar una opinión rigurosa y que suponía que la compra de los test estaba establecida dentro de un Proyecto de Salud Pública con informes técnicos previos de expertos sanitarios.
Una vez recibido el expediente de estos test observamos las siguientes deficiencias:
- El expediente no cuenta con los tres presupuestos preceptivos por Ley de un contrato menor, ni siquiera con su solicitud. También falta la verificación de que no existe otro laboratorio “con disponibilidad”, ya que -después de dos meses- no parece que la urgencia fuera tal. El gasto sí que ha sido “inminente”.
- Tampoco existe ningún informe técnico de algún experto en Salud Pública que avale la necesidad de realizar test de antígenos, los criterios de compra y de realización o la necesidad inminente de hacerlos en este momento.
- No hay ningún Proyecto de Salud Pública elaborado por el organismo correspondiente donde se determine quién tiene que aplicar los test, titulación o preparación cualificada, coste del trabajo, personal necesario y procedimiento legal de contratación de dicho personal, a qué colectivos y el criterio de selección, lugar de realización de los test, procedimiento de recogida de resultados y comunicación a Salud Pública de los mismos, calendario de realización, etc.
- No existe ninguna medida en cuanto a la información que, por prudencia, se debería trasladar a aquellos ciudadanos a los que se realicen los test para evitar riesgos, por la posible sensación de seguridad en casos de resultados negativos en asintomáticos.
- Ya que esta actuación se hace al margen de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es la que tiene competencias, bien para aplicarlos, bien para autorizarlos y supervisarlos, el Ayuntamiento deberá contratar una empresa para llevar a cabo la realización de los mismos. Tampoco consta en el expediente la empresa ni el coste de contratación de la misma, con lo que ya estaríamos hablando de otro gasto que añadir a los 14.278 euros, pasando a ser un contrato mayor que -irregularmente- se ha fraccionado.
- La Sra. Alcaldesa se arroga a sí misma la competencia para decidir la idoneidad sanitaria de los test, la conveniencia y urgencia, y la elección de la empresa que los suministra.
- Los productos contratados deben traer sus especificaciones y garantías técnicas en español. Están en inglés y, ni tan siquiera se han molestado en traducirlos.
Realizar pruebas médicas de diagnóstico conlleva una responsabilidad en cuanto a garantías en los procedimientos de realización de las pruebas, selección de las personas, tratamiento de la información obtenida, tratamiento de los casos positivos, etc. No se trata de comprar test y realizarlos, de forma improvisada. No estamos hablando de comprar caramelos para la cabalgata de Reyes.
Ya alertamos hace más de un mes con otra publicación: Test de antígenos: ¿para qué?
A la vista del expediente y de la demora en la realización de los test, podría pensarse que todo ha sido una improvisación de algún miembro del Equipo de Gobierno para comprar a un laboratorio los test por valor de 14.278€ y la Alcaldesa ha accedido a darle curso saltándose los procedimientos legales establecidos.
¿Alguien del Equipo de Gobierno ha pensado lo más elemental en cualquier proyecto: Quién, Cómo y Cuándo?
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